Noticia País.
Una dominicana residente en Estados Unidos fue condenada a 27 meses de prisión por participar en un esquema de fraude que buscaba obtener más de un millón de dólares de los programas de ayuda por desempleo.
La mujer, identificada como Karin L. Contreras, de 45 años, posee residencia permanente legal estadounidense y recibió la sentencia en un tribunal federal de Washington, D.C.
El caso está relacionado con el uso indebido de beneficios económicos creados durante la pandemia de COVID-19, cuando miles de personas dependían de esos programas de asistencia.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Contreras participó en una operación que utilizaba información personal sustraída para presentar solicitudes fraudulentas de seguro de desempleo.
Las actividades investigadas se desarrollaron entre junio de 2020 y marzo de 2021, período durante el cual la acusada colaboró con otras personas para gestionar las solicitudes irregulares.
Como resultado, los involucrados recibieron tarjetas prepagadas con fondos superiores a US$1 millón, aunque la cantidad efectivamente obtenida mediante el esquema fue menor.
Los documentos judiciales establecen que la mayoría de esas tarjetas fueron enviadas a una dirección ubicada inmediatamente al lado de la residencia de la acusada en la capital estadounidense.
Posteriormente, Contreras y otros participantes realizaron retiros en cajeros automáticos, frecuentemente en cantidades de US$1,000, el límite diario permitido para esas operaciones.
Entre el 1 y el 14 de julio de 2020, la dominicana utilizó personalmente 12 tarjetas obtenidas de manera irregular para retirar US$23,000 en distintos cajeros de Washington.
Las autoridades determinaron que los participantes consiguieron apropiarse de más de US$550,000, mediante el uso de identidades ajenas y las solicitudes presentadas a los programas de asistencia.
Contreras se declaró culpable el 10 de julio de 2026 del cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, aceptando su participación en los hechos investigados.
Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso dos años de libertad supervisada y el pago de US$551,674.78 en restitución, conforme a la decisión judicial.
Los fiscales federales habían solicitado una condena de 41 meses, pero la pena finalmente establecida fue inferior a la recomendación presentada por el Ministerio Público estadounidense.
La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro sostuvo que el esquema desvió recursos destinados a familias que necesitaban asistencia durante la emergencia sanitaria.
La funcionaria señaló que este tipo de prácticas perjudica la confianza pública y afecta los programas establecidos para ayudar a personas que enfrentan dificultades económicas.
La investigación estuvo a cargo del FBI en Washington y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo, con participación de fiscales especializados del Departamento de Justicia.
Tras la sentencia, Contreras deberá cumplir los 27 meses de prisión, seguidos de dos años de supervisión, además de pagar la restitución económica ordenada por el tribunal federal.
