Santo Domingo, RD.-
Santo Domingo, RD.- Durante cuatro días, el caso de Melissa Medina habló por todas las bocas menos por una. Hablaron los comunicadores, los abogados, los panelistas, las redes sociales, las cámaras de seguridad y hasta los videos de dudosa procedencia.
La única voz que el país esperaba, la del Estado, se limitaba a pedir paciencia. Este viernes por la noche, ese silencio se rompió desde lo más alto del Ministerio Público.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó a la Dirección General de Persecución y a la Fiscalía del Distrito Nacional a profundizar las investigaciones sobre la muerte de la joven, incluidos cualquier otro delito conexo que pueda surgir durante el proceso.

Y dejó una frase que respondía a la crítica que ha acompañado el caso desde el principio: debe prevalecer el principio de igualdad ante la ley, sin importar quiénes sean las personas investigadas.
Para entender el peso de esas palabras hay que volver al principio.
Martes. Melissa Medina tenía 22 años y una trayectoria poco común para su edad. Dirigía un estudio de uñas, había creado su propia marca de Press On Nails y era propietaria de una franquicia de servicios de paquetería.
Ese recorrido la había llevado a figurar entre las personas que los Premios Magna 2026 reconocerían esa misma semana.
En la madrugada del martes 17 de noviembre, sin embargo, presentó complicaciones de salud en un apartamento de la torre Arpel 07, en el ensanche Piantini.

Fue trasladada a la clínica Corazones Unidos, en el ensanche Naco, donde, según los médicos, llegó sin signos vitales cerca de las 5:30 de la mañana.
La primera información oficial vino de la Policía Nacional. Su vocero, el coronel Diego Pesqueira, informó que con ella estaban dos personas: una joven venezolana de 21 años y un hombre de 60.
Dio sus edades, pero no sus nombres. Ese detalle, criticado después por juristas y comunicadores, abrió la puerta a una ola de especulaciones que no se detendría en toda la semana.

Miércoles. Las redes comenzaron a llenar los vacíos. El comunicador Ramón Tolentino difundió los rostros y nombres de las dos personas, y la prensa identificó al hombre como el empresario Eliezer Salvador, propietario de una cadena de bancas de apuestas.
Su nombre no era desconocido: en 2019 fue quien llevó a David Ortiz a la clínica tras el atentado en el Dial Bar, una acción por la que el propio Big Papi lo llamó un ángel.
Mientras tanto, se conoció el certificado médico de la joven, con cuatro diagnósticos: falla cardíaca aguda, edema pulmonar, edema cerebral e insuficiencia respiratoria. El documento describía cómo se habían comprometido su corazón, sus pulmones y su cerebro, pero no explicaba qué lo había desencadenado.
Jueves. Fue el día de la despedida y también el de la confusión. En lugar de subir al escenario de los Premios Magna, Melissa fue velada en la Funeraria Gresefu, en Santo Domingo Este. Su familia emitió un comunicado en el que pidió prudencia y respeto, evitar las especulaciones y recordarla como una joven emprendedora, trabajadora y con grandes aspiraciones.

Ese mismo día, la Policía cambió de tono. Pesqueira, que un día antes había aportado la edad del hombre presente en el apartamento, afirmó que la institución no maneja información sobre él y remitió las preguntas al Ministerio Público. Para muchos, el gesto fue la confirmación de una sospecha: que el caso podía tener un trato especial.
El silencio oficial se llenó rápido. Una periodista difundió afirmaciones, no verificadas, sobre el pasado judicial del empresario. Un podcast criticó la difusión de detalles íntimos del caso. En otro programa, la versión de la defensa salió por primera vez a la luz.
Viernes. El abogado Valentín Medrano, quien se presentó como abogado de siempre de Salvador, sostuvo que su cliente había salido del apartamento antes de la emergencia, que regresó al ser llamado para ayudar a trasladar a la joven y que, a su juicio, no existe un tipo penal.
Le respondió el penalista Carlos Mesa: mientras no se sepa qué provocó la falla cardíaca, dijo, nada puede descartarse, y el Ministerio Público debe reconstruir cronológicamente lo ocurrido.

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó que el resultado preliminar del Inacif apunta a una falla cardíaca, cuya causa aún no se ha establecido, y pidió dejar trabajar a la fiscalía. La respuesta desde los medios fue inmediata.
El periodista Ricardo Nieves advirtió que, si el involucrado hubiese sido una persona pobre, a esas alturas ya lo habrían presentado. Horas después, Santiago Matías, Alofoke, convirtió esa misma crítica en un enfrentamiento público con el comunicador Luisín Jiménez, a quien acusó de defender a los ricos.

En redes circularon además videos atribuidos a Salvador, sin identidad ni fecha confirmadas y sin ninguna relación demostrada con la muerte de la joven. Pero también aparecieron imágenes que sí forman parte de la investigación: las de las cámaras de seguridad de la torre, que muestran la llegada de Melissa al edificio y el momento en que fue sacada en brazos.

La Policía ofreció entonces su actualización más concreta. Pesqueira confirmó que fueron entrevistadas la joven venezolana Mariana Michelena, cuyo nombre la institución mencionaba por primera vez, y un vigilante de la torre. Ambas identificaciones, explicó, se lograron a partir de las entrevistas y del levantamiento de las cámaras. No ofreció más detalles: el proceso, dijo, tiene un carácter científico-forense.
Y al final del día llegó la voz que faltaba.
La instrucción de Yeni Berenice cambia el caso en tres sentidos. El primero es institucional: la investigación pasa a tener seguimiento desde la cúpula del Ministerio Público, con la participación de la Dirección General de Persecución.
El segundo es jurídico: al incluir los delitos conexos, la fiscalía ya no se limita a determinar qué causó la falla cardíaca, sino que puede investigar cualquier hecho relacionado que surja.
El tercero es simbólico: por primera vez, una autoridad responde de forma directa a la pregunta que se repetía en radios, podcasts y redes, la de si la ley se aplicaría igual sin importar el poder económico de los involucrados.

Nada de eso implica una acusación. Hasta este viernes no se ha informado de ninguna imputación, y la presunción de inocencia sigue vigente para todas las personas vinculadas al caso. La causa definitiva de la muerte depende del informe final del Inacif.

Quedan las mismas preguntas del primer día: qué provocó la falla cardíaca, cuánto tiempo pasó entre la emergencia y el traslado, por qué nadie llamó al 9-1-1 y qué ocurrió en el apartamento durante esas horas. La diferencia es que, desde este viernes, el Estado se comprometió públicamente a responderlas. Y a hacerlo, según la procuradora, igual para todos.
