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La administración de Donald Trump revocó visas a 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares latinoamericanos, tras señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en el ejercicio de funciones públicas.
La medida alcanza a personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países que mantienen cooperación con Washington en iniciativas relacionadas con seguridad regional y protección de personas.
El Departamento de Estado anunció las restricciones el lunes y afirmó que buscan respaldar la gobernanza democrática frente a prácticas que, según las autoridades estadounidenses, afectan la transparencia institucional.
“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas”, indicó la dependencia estadounidense en su comunicado.
La decisión forma parte de una política más amplia de la administración Trump, que utiliza las restricciones de viaje como mecanismo diplomático frente a determinadas actuaciones oficiales.
Entre los señalados aparece Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia, junto con más de 20 fiscales y jueces de ese país. Doce tendrían visas vigentes y nueve enfrentarían negativas al solicitarlas.
Los documentos también incluyen a dos colombianos, dos ecuatorianos y un juez peruano. Entre los ciudadanos de Colombia figuran un empresario y un integrante del Poder Legislativo.
Estados Unidos señala a Mariaca, elegido para un mandato de seis años en 2024, por presuntamente recibir beneficios indebidos para facilitar determinadas actividades consideradas irregulares por las autoridades estadounidenses.
También se le atribuye haber favorecido a personas vinculadas con casos bajo investigación para evitar procedimientos judiciales. Los señalamientos fueron presentados por las autoridades estadounidenses.
El fiscal boliviano rechazó que su visa haya sido revocada, reclamó respeto a la soberanía y aseguró que continuará investigando expedientes que, afirmó, han generado “incomodidad”.
Mariaca mencionó entre esos procesos el caso del consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien fue asesor de campaña del presidente Rodrigo Paz y del mandatario argentino Javier Milei.
“Este fiscal general no está para agradar a personas, grupos económicos, ni dirigentes políticos”, expresó Mariaca, quien defendió que su responsabilidad consiste en cumplir la Constitución y la ley.
El funcionario sostuvo además que no acepta que su trabajo sea puesto en duda por decisiones provenientes del exterior y reclamó la posibilidad de esclarecer los señalamientos por las vías correspondientes.
Los líderes del Senado y la Cámara de Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, solicitaron que el fiscal se aparte temporalmente de sus funciones mientras se revisan los señalamientos formulados en su contra.
Ante esta situación, el Legislativo puede iniciar el procedimiento institucional correspondiente, mientras ambos dirigentes solicitaron a la Cancillería información oficial de Estados Unidos sobre los señalamientos relacionados con el fiscal general.
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