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Nayib Bukele precisó que unas 10,629 personas detenidas durante los operativos de seguridad serán evaluadas para una eventual libertad anticipada en El Salvador.
El presidente de El Salvador aclaró que la revisión está dirigida a personas señaladas como colaboradores ocasionales y no a integrantes de las estructuras de esos grupos.
La precisión se produjo después de que Bukele revelara un plan que podría beneficiar a cerca del 50 % de las personas identificadas como colaboradores de organizaciones vinculadas a actividades ilícitas.
Ante una solicitud de AFP, el mandatario explicó que los expedientes corresponden a personas consideradas colaboradoras momentáneas, casuales o especiales de esas estructuras.
Bukele indicó que, tras una revisión previa, alrededor del 50 % de ese grupo podría ingresar al programa Cero Ocio, mecanismo orientado al trabajo en obras públicas.
El gobernante sostuvo que la iniciativa permitiría que los seleccionados puedan obtener una salida anticipada tras un proceso de reinserción, en lugar de completar sanciones de hasta una década.
Organizaciones humanitarias aseguran que Cero Ocio también ha sido aplicado a personas detenidas durante los operativos de seguridad que todavía no cuentan con una sentencia definitiva.
La explicación surgió luego de declaraciones de Ibrajim Bukele, hermano del mandatario, quien había señalado la existencia de una comisión encargada de revisar expedientes.
Durante una rueda de prensa junto a Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, el gobernante salvadoreño aseguró que ningún integrante de esas estructuras será incluido en las medidas de liberación.
Bukele negó que la iniciativa contemple beneficiar a la mitad de las más de 93,000 personas detenidas durante cuatro años bajo el régimen de excepción vigente en el país.
El presidente calificó esa interpretación como una tergiversación y sostuvo que los eventuales beneficiarios recibirían medidas de acuerdo con su grado de participación en las conductas atribuidas.
También insistió en que las personas contempladas en la revisión son responsables de infracciones, aunque señaló que los expedientes corresponden a situaciones consideradas de menor gravedad.
Grupos humanitarios han cuestionado el régimen de excepción, al señalar que permite detenciones sin orden judicial y que podrían existir personas sin responsabilidad dentro del sistema penitenciario.
Las organizaciones también plantean que debe considerarse el contexto de presión ejercido por estos grupos al determinar si una persona realmente colaboró de manera voluntaria con esas estructuras.
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) reaccionó este sábado y afirmó que nadie debería reconocer una infracción que asegura no haber cometido para recuperar su libertad.
La organización también cuestionó quién determinará la condición de colaborador y cuáles serán los elementos utilizados para sustentar esa clasificación dentro del proceso.
Bukele atribuye a su estrategia de seguridad una reducción histórica de los indicadores de violencia, mientras organizaciones humanitarias señalan posibles vulneraciones de derechos y cuestionan determinadas detenciones.
Durante la conferencia, el mandatario presentó su modelo de seguridad como una estrategia de referencia internacional y defendió los resultados obtenidos por su administración.
Ante la situación, la evaluación anunciada se concentrará en los 10,629 colaboradores identificados, mientras los integrantes de las estructuras señaladas quedarán fuera del programa.
