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Una presunta red vinculada a matrimonios con fines migratorios irregulares que habría operado durante más de una década en Massachusetts fue desarticulada, informó este martes la fiscal federal Leah Foley.
Las autoridades señalaron como presunta coordinadora a Jennifer González, ciudadana estadounidense acusada de organizar enlaces destinados a facilitar la obtención irregular de beneficios migratorios en Estados Unidos.
El esquema habría buscado que los participantes presentaran documentación con información presuntamente falsa ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración para obtener un estatus migratorio legal.
De acuerdo con los detalles divulgados, González cobraba entre US$38,000 y US$40,000 por cada enlace y habría coordinado entre 18 y 20 operaciones de este tipo al año.
La actividad se habría mantenido durante más de 10 años, período en el que, según las autoridades, la operación generó una importante cantidad de recursos económicos.
Foley explicó durante una rueda de prensa que, utilizando el cálculo más conservador de las autoridades, el presunto esquema habría producido alrededor de US$6 millones.
Parte de la investigación incluye conversaciones obtenidas por las autoridades en las que González hablaba sobre el destino que presuntamente daba a los recursos generados mediante la operación.
La fiscal indicó que la señalada decía invertir sus ganancias en negocios, propiedades y terrenos en República Dominicana, país al que se refería como suyo durante una conversación registrada.
“Cada vez que me sobra un dólar, simplemente lo invierto en una propiedad nueva en mi país”, expresó González en uno de los intercambios citados durante la presentación del caso.
En esa misma conversación, la mujer manifestó su interés por adquirir terrenos y aseguró que poseía varias propiedades de ese tipo, conforme a lo expuesto por Foley.
También habría explicado que sus hijos disfrutaban viajar de vacaciones a República Dominicana y que su intención era que cada uno pudiera disponer de un terreno cuando alcanzara la adultez.
La investigación sostiene además que González no solamente habría coordinado la operación, sino que presuntamente participó personalmente en un matrimonio con fines migratorios irregulares.
De acuerdo con la fiscal, esa unión habría tenido como propósito facilitar beneficios migratorios a un extranjero que se encontraba sin un estatus migratorio regular en Estados Unidos.
Los registros judiciales citados también atribuyen a González procesos previos en Massachusetts, entre ellos expedientes relacionados con el uso irregular de identidad y otras situaciones legales.
Las autoridades identificaron además como presunta colaboradora a Amara Puig, señalada como secretaria de la operación, junto con otras personas que habrían recibido pagos de los clientes.
Entre los demás señalados figuran Erica Daniels, Charice Alejandro, Jessica Tavares y Jalen Hill, todos ciudadanos estadounidenses, conforme a la información divulgada sobre el expediente.
Ante la situación, la fiscalía mantiene la investigación centrada en el presunto esquema migratorio, la documentación presentada y los pagos que habrían recibido las personas señaladas, mientras continúa el proceso para determinar las responsabilidades correspondientes.
