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Jennifer González, ciudadana estadounidense de origen dominicano, figura entre seis personas señaladas por las autoridades federales por presuntamente organizar matrimonios concertados con el objetivo de obtener beneficios migratorios.
La Fiscalía federal de Massachusetts sostiene que la presunta operación funcionó durante más de 10 años y habría generado cerca de US$6 millones mediante esos acuerdos.
González, de 43 años y residente en Fall River, es señalada como la principal organizadora de una estructura que supuestamente cobraba miles de dólares a extranjeros interesados en regularizar su situación migratoria.
Los documentos judiciales indican que cada acuerdo tenía un costo de entre US$38,000 y US$40,000, mientras González coordinaba aproximadamente entre 18 y 20 al año.
El mecanismo consistía, según las autoridades, en vincular a extranjeros sin estatus migratorio regular con ciudadanos estadounidenses dispuestos a formalizar una unión a cambio de una compensación económica.
Posteriormente, los participantes presentaban documentos ante USCIS para solicitar beneficios migratorios y buscaban mostrar sus relaciones como uniones auténticas.
La Fiscalía atribuye a González recomendaciones como abrir cuentas bancarias conjuntas, contratar seguros de vida y conservar fotografías de actividades realizadas en pareja.
La señalada también habría explicado que necesitaba entre tres y cuatro meses para preparar la documentación utilizada posteriormente en las solicitudes migratorias.
La investigación incluye declaraciones registradas en las que González afirmó que destinaba parte de sus ingresos a adquirir terrenos, propiedades y negocios en República Dominicana.
La fiscal federal Leah B. Foley indicó que esas conversaciones forman parte del expediente. González también habría mencionado propiedades destinadas a sus hijos.
Además de González, fueron señaladas Erica Daniels, Chreise Alejandro, Amara Pugh, Jessica Tavares y Jaylin Hill, por su presunta participación en el esquema investigado.
De acuerdo con el expediente, cuatro de las implicadas habrían recibido pagos para participar en los enlaces, mientras Pugh supuestamente desempeñaba funciones administrativas.
Las autoridades también sostienen que algunos participantes recibían aproximadamente US$500 mensuales para mantener formalmente los matrimonios durante varios años.
Entre los elementos incorporados al expediente aparecen registros de audio y video obtenidos con una persona colaboradora, además de documentación relacionada con los pagos examinados por las autoridades.
En uno de esos encuentros, González supuestamente recibió US$3,000 en efectivo como adelanto y habría utilizado un contrato presentado como préstamo para documentar la transacción.
Los investigadores señalan que la actividad relacionada con estos matrimonios habría disminuido hacia finales de 2024, después de varios años de funcionamiento atribuido a la organización.
El expediente también examina posibles irregularidades relacionadas con SNAP. Las autoridades alegan que González recibió y utilizó más de US$120,000 en esos beneficios.
Cinco de las señaladas quedaron bajo custodia de las autoridades el miércoles 21 de octubre, mientras Hill ya se encontraba cumpliendo una sentencia estatal relacionada con otro proceso judicial.
El proceso federal contempla señalamientos relacionados con irregularidades matrimoniales, coordinación del esquema y asistencia a extranjeros en situación migratoria irregular, con diferentes consecuencias legales establecidas por la legislación estadounidense.
Las autoridades federales indicaron que algunas de estas imputaciones pueden implicar consecuencias judiciales de consideración, dependiendo de cada señalamiento y de las determinaciones que adopte el tribunal.
Ante la situación… la Fiscalía informó que la investigación continúa, mientras el tribunal examina los matrimonios organizados, los documentos migratorios y los pagos atribuidos a la presunta operación
🇺🇸 “The American Dream is not for sale”
ICYMI: Federal charges were unsealed today against six individuals in connection with a large-scale marriage fraud ring operating in Massachusetts for more than a decade.
According to court documents, the alleged ringleader earned millions of dollars arranging sham marriages between illegal aliens and U.S. citizens, charging up to $40,000 per marriage to fraudulently obtain immigration status.
The operation allegedly arranged 18–20 sham marriages annually, using staged wedding photographs and fraudulent documentation to deceive immigration authorities.
During the investigation, the alleged ringleader was recorded describing Massachusetts as a “sanctuary” and telling a customer, “Massachusetts is the best place for you to be.”
🎥 WATCH PRESS CONFERENCE: https://t.co/F1yZL9pD0X
🔗 READ PRESS RELEASE: https://t.co/62qfA9K6Bi— U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) October 21, 2026
