Noticia País.
Omega «El Fuerte» denunció que su catálogo musical continúa siendo comercializado pese a una disposición judicial que, según el artista, ordenó suspender su explotación y difusión.

El exponente urbano, cuyo nombre es Antonio Peter de la Rosa, señaló a Allegro Productions y Planet Records, junto con sus representantes, por mantener la distribución de las obras pese a las resoluciones emitidas.
La Primera Sala Civil del Distrito Nacional dictó el Auto Civil núm. 034-2025-SADM-00028, que establece la suspensión inmediata de cualquier explotación, uso o difusión física y digital de las canciones.
La decisión también contempla una penalidad económica de RD$1,000 por cada día en que las partes involucradas no cumplan con la disposición, de acuerdo con la información ofrecida por el intérprete urbano.

Las compañías recurrieron la medida cautelar con el propósito de dejarla sin efecto, pero sus solicitudes fueron desestimadas mediante la Ordenanza Civil núm. 504-2026-SORD-1626, ratificada el pasado julio.
«Intentaron levantar la medida ante los tribunales y el juez rechazó su solicitud. La orden está vigente, por lo que no entendemos cómo siguen monetizando mi catálogo», sostuvo De la Rosa al referirse al proceso.
La representación legal del cantante, encabezada por el abogado Wagner Rodríguez Mancebo, también hizo un llamado a plataformas digitales, agregadoras de contenido y servicios de streaming para que revisen cuidadosamente las solicitudes relacionadas con el catálogo.

El llamado incluye a YouTube y procura que esas plataformas examinen rigurosamente los reclamos vinculados con derechos de autor presentados por las partes involucradas en la controversia.
El equipo jurídico informó además que avanza en la recopilación de evidencias técnicas sobre cada canción que presuntamente continúa siendo comercializada sin ajustarse a la disposición judicial vigente.
Ante la situación, los abogados preparan la documentación correspondiente con el objetivo de iniciar las acciones legales pertinentes y solicitar la aplicación de las penalidades económicas acumuladas.
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