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La dominicana Damaris Beltré, de 59 años, recibió una sentencia de cuatro años en Estados Unidos por participar en esquemas fiscales que generaron pérdidas cercanas a US$12 millones.
La decisión fue emitida el 8 de octubre de 2026 por el juez federal Sanket J. Bulsara, quien además ordenó el pago de US$11,629,000 en restitución por las operaciones.
La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York informó que Beltré administraba varias empresas dedicadas a la preparación de impuestos en Freeport, Long Island, desde donde desarrollaba sus actividades.
Entre enero de 2021 y abril de 2024, las autoridades determinaron que la dominicana elaboraba declaraciones fiscales con información irregular para clientes que acudían a sus negocios.
Los documentos incluían dependientes que no correspondían y créditos fiscales improcedentes relacionados con la pandemia del COVID-19 y el combustible, utilizados para solicitar devoluciones.
El esquema permitió que contribuyentes recibieran reembolsos que no les correspondían, mientras el Servicio de Impuestos Internos desembolsó cerca de US$11 millones de manera improcedente.
Por los servicios prestados durante esas operaciones, Beltré recibió más de US$1 millón en honorarios, de acuerdo con los resultados presentados por las autoridades federales.
Parte de los recursos obtenidos fue destinada a la compra de una vivienda en República Dominicana, además de un vehículo y joyas, así como al pago de compromisos personales.
La investigación incluyó una verificación realizada en abril de 2023, cuando un agente federal acudió a las oficinas de la preparadora para documentar cómo funcionaban las operaciones.
Aunque el agente debía pagar aproximadamente US$205 en impuestos, Beltré preparó una declaración que solicitaba un reembolso superior a US$14,243 y cobró US$2,200 por el servicio.
Las pesquisas también determinaron que, entre 2020 y 2022, presentó documentación con información irregular para obtener alrededor de US$1 millón mediante otro programa de asistencia.
Esos recursos procedían del Programa de Protección de Nóminas (PPP), una iniciativa creada para auxiliar a empresas durante las dificultades económicas generadas por la pandemia.
El proceso judicial avanzó después de que Beltré quedara bajo custodia de las autoridades en marzo de 2025 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, cuando se disponía a viajar hacia Santo Domingo.
Posteriormente, en enero, la dominicana admitió responsabilidad en dos cargos relacionados con operaciones electrónicas irregulares y otro por colaborar en la preparación de declaraciones fiscales con información incorrecta ante las autoridades.
Ante la situación, Beltré deberá cumplir la sentencia de cuatro años y afrontar la restitución económica ordenada por el tribunal federal como parte de la decisión judicial.
