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La política migratoria de la administración Trump enfrenta un nuevo proceso judicial por una demanda colectiva que busca detener tres medidas aplicadas a refugiados admitidos legalmente en Estados Unidos.
La causa PANA et al. v. Uscis et al. fue presentada ante un tribunal federal por seis organizaciones de asistencia y cuatro refugiados, quienes solicitan suspender las disposiciones mientras avanza el litigio.
Uno de los puntos centrales es la pausa en solicitudes de residencia permanente, conocidas como green cards, presentadas por refugiados que ingresaron al país durante el período señalado en el memorando federal.
La disposición del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) ordenó detener temporalmente el procesamiento de formularios I-485 correspondientes a personas admitidas entre enero de 2021 y febrero de 2025.
De acuerdo con los datos incluidos en la demanda, al menos 113 mil solicitudes permanecen pendientes de resolución. Las organizaciones alegan que la agencia carece de autorización para mantener esos procedimientos suspendidos de manera indefinida.
El mismo memorando estableció una revisión adicional de refugiados previamente admitidos, mediante nuevas entrevistas y evaluaciones destinadas a determinar si cumplían con la definición legal requerida cuando ingresaron al territorio estadounidense.
Las entidades demandantes cuestionan que ese procedimiento sea aplicado de manera generalizada sobre expedientes previamente aprobados. Maria Chavez, directora legal de inmigración de PANA, expresó públicamente sus cuestionamientos sobre esas disposiciones.
Otro punto bajo disputa es una regla interina publicada el 14 de octubre, mediante la cual el período para responder una notificación relacionada con una posible modificación del estatus de refugiado pasó de 30 a diez días.
Los demandantes sostienen que el nuevo período dificulta obtener asistencia jurídica, documentación y traducciones, además de preparar una respuesta ante las autoridades. Cuando la comunicación llega por correo, existe una extensión de tres días.
La acción judicial señala que no responder dentro del plazo establecido podría ser interpretado como una renuncia al derecho de presentar argumentos y derivar en cambios en el estatus migratorio y en la autorización de empleo, además de otros procedimientos administrativos.
Entre las organizaciones involucradas figuran PANA, Jewish Family Service of Western Massachusetts, International Institute of New England, African Communities Together, HIAS y Refugee Council USA, dedicadas a ofrecer servicios relacionados con refugiados e inmigrantes.
El expediente también incluye a cuatro personas procedentes de Afganistán, Etiopía, Colombia e Irak, cuyos casos están relacionados con trámites de residencia pendientes o con los posibles efectos de las nuevas disposiciones migratorias.
La representación legal corresponde a Democracy Forward Foundation e International Refugee Assistance Project, con participación de Allen Overy Shearman Sterling US LLP. Los abogados solicitaron una intervención de emergencia del tribunal federal.
Ante la situación… los demandantes buscan una orden temporal, una medida cautelar y una suspensión administrativa, además del restablecimiento del plazo de 30 días y la revisión de decisiones adoptadas bajo la disposición cuestionada.
