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Estados Unidos avanza en la implementación de nuevas medidas para regular la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las escuelas, mediante protocolos destinados a proteger los derechos de los estudiantes y sus familias.
Durante 2026, al menos 23 estados analizaron propuestas relacionadas con los procedimientos migratorios en centros educativos, de las cuales 12 iniciativas se convirtieron en ley antes del comienzo del ciclo escolar.

Las disposiciones buscan establecer reglas claras para las visitas de funcionarios federales a las instituciones educativas, especialmente en las escuelas públicas de primaria y secundaria, conocidas como centros K-12.
Entre los estados que adoptaron medidas se encuentran Massachusetts, Oregon y Vermont, donde las autoridades establecieron requisitos relacionados con órdenes judiciales, protección de datos personales y procedimientos institucionales.
En Massachusetts, el pasado 5 de agosto fue promulgada la ley PROTECT, que establece requisitos judiciales para determinadas actuaciones civiles de inmigración dentro de escuelas públicas, charter y vocacionales, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales.
La legislación también exige que los establecimientos educativos adopten políticas para revisar la documentación oficial presentada por funcionarios federales y comunicar las situaciones correspondientes a las autoridades institucionales designadas.

Además, las escuelas deben designar personal responsable de atender las visitas de agentes migratorios, siguiendo procedimientos que permitan verificar la documentación presentada y el alcance de las facultades de los funcionarios.
Uno de los aspectos centrales de estas disposiciones consiste en diferenciar una orden judicial de una orden administrativa de inmigración, debido a que ambos documentos tienen alcances legales distintos y no conceden las mismas autorizaciones.
Por su parte, Oregon aprobó medidas que requieren políticas institucionales, capacitación del personal y mecanismos de notificación, aplicables a distritos escolares y determinados centros de educación superior.
Estas disposiciones establecen procedimientos específicos para responder ante visitas de las autoridades migratorias, proporcionando instrucciones a los responsables de las instituciones educativas y sus respectivas administraciones.

En Vermont, las nuevas reglas contemplan garantías relacionadas con la privacidad de los estudiantes, orientación para las familias y requisitos de acceso a las instalaciones escolares, con especial atención a las áreas que no están abiertas al público.
La normativa establece la necesidad de contar con una orden judicial para determinados accesos a espacios escolares restringidos, conforme a las condiciones legales aplicables a las visitas de funcionarios federales.
Sin embargo, estas leyes estatales no eliminan las facultades que corresponden a las autoridades federales de inmigración. Su finalidad es establecer cómo deben responder las instituciones educativas y gestionar la información de sus estudiantes.
En relación con el acceso a la educación, el precedente Plyler v. Doe de la Corte Suprema de Estados Unidos reconoce el derecho de los menores a recibir enseñanza pública primaria y secundaria, independientemente de su situación migratoria.
Esto significa que una escuela pública no puede negar la inscripción de un estudiante únicamente por su estatus migratorio, una garantía que continúa siendo fundamental para las familias inmigrantes que residen en Estados Unidos.

Las organizaciones defensoras de los derechos civiles recomiendan conocer los protocolos escritos de cada escuela y mantener actualizados los contactos familiares, especialmente para facilitar la comunicación entre los centros educativos y los responsables de los estudiantes.
También aconsejan evitar proporcionar información sobre la situación migratoria cuando no sea necesaria para completar la inscripción escolar, así como consultar las disposiciones vigentes en cada estado y distrito educativo.
Ante cualquier situación particular, las familias pueden solicitar orientación de un abogado autorizado o de una organización acreditada, especialmente cuando existan dudas relacionadas con documentos oficiales, requisitos legales o procedimientos migratorios.
Las nuevas disposiciones representan un cambio importante en la manera en que determinadas instituciones educativas deben gestionar las visitas de funcionarios migratorios, al establecer responsabilidades específicas para el personal escolar y las autoridades administrativas.
De esta manera, las escuelas comprendidas por cada normativa deberán aplicar los protocolos correspondientes, mientras que las familias podrán consultar las reglas de sus respectivos distritos escolares para conocer las protecciones y procedimientos disponibles
