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Un juez federal de California dejó sin efecto las políticas que exigían 100,000 dólares a empleadores por cada nueva petición de visa H-1B, tras cuestionar el procedimiento utilizado para su aplicación.
El juez Haywood S. Gilliam Jr., del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, determinó que las agencias migratorias omitieron procedimientos establecidos por la legislación vigente.
La decisión concede parcialmente las medidas cautelares solicitadas por empresas y organizaciones que cuestionaron la legalidad del cobro anunciado en septiembre de 2025.
La resolución ordena anular y devolver a las agencias las políticas utilizadas para implementar el pago, al tiempo que establece límites para continuar con su aplicación.
Las autoridades tampoco podrán mantener esas disposiciones hasta completar un proceso de notificación y comentarios públicos, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.
El magistrado consideró que los demandantes tienen posibilidades de demostrar que las agencias no justificaron adecuadamente el procedimiento seguido para establecer el requisito.
Entre los aspectos señalados figura que las autoridades no habrían evaluado alternativas ni los intereses de las entidades afectadas antes de poner en marcha el cobro.
El tribunal también determinó que el Gobierno no cumplió con la obligación de someter esas políticas a participación pública, un procedimiento requerido para su implementación.
Sin las normas adoptadas por las agencias, estableció la resolución, el pago adicional no podía aplicarse a las nuevas solicitudes correspondientes al programa H-1B.
La proclamación del presidente Donald Trump, firmada el 19 de septiembre de 2025, había establecido ese pago para nuevas peticiones de trabajadores especializados.
La disposición fue posteriormente extendida por el mandatario el 18 de septiembre de 2026 hasta septiembre de 2027, manteniendo el requisito adicional para los empleadores.
El Gobierno había presentado la medida como una respuesta a irregularidades señaladas en el funcionamiento del programa de visas destinado a trabajadores extranjeros especializados.
El proceso judicial presenta decisiones diferentes entre tribunales federales sobre la autoridad presidencial y las políticas utilizadas por las agencias para hacer efectivo el cobro.
Un tribunal federal de Washington había respaldado anteriormente la autoridad presidencial para establecer el requisito, mientras otra decisión emitida en Massachusetts dejó sin efecto su aplicación.
Ante este escenario, el tribunal de California ordenó suspender la aplicación de esas políticas hasta que las agencias completen el procedimiento administrativo correspondiente.
