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Juan Cerén, salvadoreño de 69 años amparado por el Estatus de Protección Temporal (TPS), recibió una notificación sobre la suspensión de sus pagos de jubilación en Estados Unidos.
La comunicación fue enviada por la Administración del Seguro Social (SSA) y, de acuerdo con el caso presentado, la medida estaría relacionada con la falta de una extensión formal del programa migratorio.
Cerén llegó al país norteamericano en 1990 y desde entonces trabajó y pagó impuestos, según relató en un reportaje de N+ Univision 34 Los Ángeles, donde presentó documentación relacionada con su situación migratoria.
El salvadoreño explicó que, hasta recibir la comunicación, cobraba un cheque mensual de jubilación. “Nos sentimos preocupados porque nos llega esta carta donde nos dice que no tengo más beneficio”, declaró.
La familia indicó además que la notificación contenía un requerimiento para reintegrar el dinero correspondiente al depósito de octubre, lo que incrementó las dificultades económicas derivadas de la suspensión.
El abogado de inmigración Alex Gálvez consideró contradictoria la decisión porque, conforme a su interpretación, las protecciones migratorias y los permisos laborales debían permanecer vigentes.
Martha Olivas de Cerén, esposa del beneficiario, describió la noticia como una situación inesperada y explicó que los ingresos familiares apenas permitían cubrir las necesidades cotidianas.
La pareja depende de esos recursos para pagar la renta, adquirir alimentos y atender otras obligaciones del hogar. La interrupción llevó al trabajador retirado a considerar regresar al mercado laboral.
Cerén manifestó que tendría que buscar un empleo por algunas horas para afrontar sus compromisos. Su familia también expresó preocupación ante información sobre una posible interrupción de su cobertura médica.
La legislación estadounidense establece condiciones de presencia legal para que determinados extranjeros puedan recibir prestaciones del Seguro Social mientras permanecen dentro del territorio estadounidense.
La sección 202(y) de la Ley del Seguro Social contempla restricciones sobre pagos mensuales durante períodos en los que extranjeros no sean considerados legalmente presentes conforme a las normas aplicables.
Sin embargo, el TPS no supone por sí solo la pérdida de la jubilación. Cada situación depende de la vigencia de la protección, la presencia legal y la razón administrativa utilizada para suspender las prestaciones.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el 10 de enero de 2025 una extensión de 18 meses para El Salvador, vigente desde el 10 de marzo hasta el 9 de septiembre de 2026.
La medida respondió a condiciones ambientales relacionadas con fenómenos naturales en el país centroamericano. Tras finalizar ese período surgieron dudas sobre la continuidad de la protección migratoria.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó el pasado 9 de septiembre que los salvadoreños cubiertos por el programa conservarían su protección mientras no se produjera un nuevo anuncio.
Gálvez explicó que la sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad permitiría una extensión automática de seis meses, que llevaría la protección hasta el 9 de marzo de 2027.
El especialista cuestionó la interrupción de las prestaciones mientras permanecían otras protecciones. “No pueden extender el permiso de trabajo y no extender el Seguro Social”, afirmó durante la entrevista.
Ante la situación, Gálvez recomendó buscar asesoría legal y contactar a representantes del Congreso para conocer las alternativas disponibles. También informó que escribió directamente a la SSA para solicitar información sobre los jubilados que pudieran encontrarse en circunstancias similares.
