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El caso Jet Set entra en una nueva etapa judicial con la designación del tribunal que conocerá el juicio por el desplome del techo de la discoteca, ocurrido en Santo Domingo.
El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional tendrá a su cargo el proceso, bajo la presidencia de la magistrada Esmirna Gisselle Méndez.
La próxima actuación será establecer la fecha de audiencia. La jueza presidenta deberá emitir en los próximos días el auto correspondiente y ordenar la citación formal de las partes.
El expediente está relacionado con el colapso registrado la madrugada del 8 de abril de 2025, durante una presentación del merenguero Rubby Pérez en el establecimiento de la avenida Independencia.
La tragedia dejó 236 personas fallecidas, incluido el artista, y más de un centenar de lesionados. La emergencia movilizó a equipos de socorro, personal médico, militares, policías y voluntarios.
Las labores de búsqueda y rescate se desarrollaron entre los escombros. Posteriormente, las autoridades iniciaron una investigación penal sobre las condiciones estructurales y de seguridad del local.
En el proceso figuran Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, vinculados con la administración de la discoteca y señalados por el Ministerio Público por presuntas responsabilidades relacionadas con lo ocurrido.
La acusación sostiene que existían condiciones de riesgo que debieron atenderse. Entre los asuntos pendientes está determinar si los responsables conocían posibles problemas estructurales.
También deberá establecerse qué medidas fueron adoptadas ante esas condiciones y quiénes tenían responsabilidades sobre la seguridad del establecimiento. Las partes mantienen posiciones diferentes.
El expediente experimentó un cambio reciente cuando el juez Franny González Castillo modificó la calificación jurídica de los hechos, una decisión que influye en los argumentos del proceso.
La variación pasó de una imputación por hechos involuntarios a una calificación de carácter voluntario bajo la figura del dolo eventual, que será objeto de discusión durante el juicio.
Esta figura jurídica plantea examinar si las personas señaladas conocían la existencia de un riesgo grave y, pese a ello, permitieron que el establecimiento continuara sus operaciones.
El tribunal tendrá que evaluar las pruebas, escuchar los planteamientos y resolver los incidentes que presenten las partes, respetando la presunción de inocencia de los acusados.
Ante la situación, el proceso queda bajo la responsabilidad del tribunal designado, mientras se espera la emisión del auto que fijará la audiencia y dispondrá las citaciones correspondientes.
